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La comunidad internacional ha reconocido explícitamente la violencia contra las mujeres como un asunto de derechos humanos en el que el Estado tiene responsabilidad
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La Violencia contra la Mujer se define como «todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada». Incluye la «violencia [...] perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra» y la «violencia [...] que se produzca en la familia» y en «la comunidad en general». (Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer)
Gran parte de la violencia que sufren las mujeres es obra de personas con las que comparten su vida: familiares, vecinos o empleadores. Lo que las mujeres padecen a manos de los hombres que ejercen control sobre ellas es toda una gama de violencia sin solución de continuidad.
La tortura y los malos tratos que sufren las mujeres está enraizada en una cultura universal que niega a éstas la igualdad de derechos con los hombres y legitima la apropiación violenta de su cuerpo para la satisfacción individual. Cuando una mujer vive aterrorizada por al violencia doméstica lo que se manifiesta e impone es la desigualdad de las relaciones de poder entre hombres y mujeres.
La violencia doméstica, incluida la violencia sexual conyugal, suele considerarse todavía un asunto privado dentro de la familia, no una cuestión de derechos civiles y políticos. Los perpetradores de la violencia contra las mujeres en el hogar y en la comunidad son particulares, pero eso no significa que el Estado español, las autoridades locales y autonómicas no tengan responsabilidad en esos actos. Si el Estado español no cumple con su deber de proteger a las mujeres de los abusos y castigar a los perpetradores, comparte la responsabilidad. La comunidad internacional ha reconocido explícitamente la violencia contra las mujeres como un asunto de derechos humanos en el que el Estado tiene responsabilidad.
Gran parte de la violencia que sufren las mujeres es obra de personas con las que comparten su vida: familiares, vecinos o empleadores.
Las mujeres padecen toda gama de violencia a manos de los hombres que ejercen control sobre ellas.
La tortura y los malos tratos que sufren las mujeres está enraizada en una cultura universal que niega a éstas la igualdad de derechos con los hombres y legitima la apropiación violenta de su cuerpo para la satisfacción individual.
Cuando una mujer vive aterrorizada por la violencia doméstica lo que se manifiesta e impone es la desigualdad de las relaciones de poder entre hombres y mujeres.
La violencia doméstica, incluida la violencia sexual conyugal, suele considerarse todavía un asunto privado dentro de la familia, no una cuestión de derechos civiles y políticos.
Los perpetradores de la violencia contra las mujeres en el hogar y en la comunidad son particulares, pero eso no significa que el Estado español, las autoridades locales y autonómicas no tengan responsabilidad en esos actos.
Si el Estado español no cumple con su deber de proteger a las mujeres de los abusos y castigar a los perpetradores, comparte la responsabilidad.
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