VIOLA LOS DERECHOS DE EXPRESIÓN
La ONU está preocupada por lo que está haciendo España con los derechos humanos. Un grupo de relatores de Naciones Unidas han pedido a España que desista en los proyectos de Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "ley mordaza", y de reforma del Código Penal porque "amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos" y "socavan los derechos de manifestación y expresión" en el país.
La advertencia ha sido lanzada por cinco relatores miembros de los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos (...) Según explican, "los derechos de manifestar pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática". "Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España", plantean.
Sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, en trámite en el Senado, destacan que la reforma que introduce en la Ley de Extranjería "podría permitir devoluciones en caliente a su país de origen de personas en peligro de ser sometidas a tortura y otras formas de malos tratos, en contradicción con las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos".
LIMITA MARCADAMENTE EL DERECHO DE REUNIÓN
El relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, Maina Kiai, denuncia que en su redactado actual, el proyecto "vulnera la propia esencia del derecho de reunión pacífica, pues penaliza una amplia gama de actos y conductas esenciales para su ejercicio", limitándolo "marcadamente".
"Dicho proyecto de ley restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas como es el ejercicio colectivo del derecho a la libertad de opinión y expresión en España", añade el relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye.
PUEDE CRIMINALIZAR LA MANIFESTACIÓN PACÍFICA
Además, indican que el proyecto propone castigar con prisión o multa quienes difundan públicamente mensajes o consignas que inciten a la comisión de delitos de alteración del orden público o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, lo que a juicio de Kayem "conlleva serios problemas y, tal como están definidos los delitos, podría criminalizar quienes convoquen a manifestaciones pacíficas".
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